Una política egoísta y privatizada - Columna modélica 3

      El libro ³El otro modelo², del que venimos hablando en las últimas semanas, entra pronto a hacer consideraciones sobre la situación política contemporánea.
     Como en todos los temas, los autores hacen afirmaciones conclusivas con escasa o nula aportación de fuentes y datos. Por ejemplo, estiman que en Chile la política ha pasado a entenderse como ³interacción de mercado, es decir como negociación de individuos (o partes) que no tienen un interés común²; es lo que llaman ³privatización de la política² (47).
      Estiman que hoy no se da la ³argumentación²  -en que las dos partes suponen que la otra busca el interés común- sino la ³negociación² -en que cada parte supone que la otra maximiza su interés individual.
     La afirmación es una notable penetración de los autores en los motivos más últimos que tienen todos y cada uno de los partidos y de las ONG. ¿Con qué instrumento pueden medir esa supuesta intencionalidad profunda y común, que en la realidad ha mostrado durante estos 23 años las más variadas densidades argumentativas y las más variadas ideologías de respaldo? ¿Cómo podría probarse que todos  -sí, todos, comunistas y ecologistas profundos también-   se han privatizado?
        Estiman también los autores que son las leyes de supermayoría  -las de 4/7- las que hacen más probable la negociación y menos probable la deliberación y discusión (90). De paso, afirman que lo único que mueve a la UDI y RN es contar con un terreno favorable en cuanto herederos del Gobierno Militar (114). Ambas afirmaciones implican que los dos partidos de la centro derecha carecen de todo sentido del bien común: sólo negocian para protegerse, nunca deliberan. Con esa descalificación, se siembra así la posibilidad de su exclusión futura: gente tan egoísta no debiera poder participar para impedir la nueva hegemonía de otra gente tan buena como la que debe llegar a gobernar. Bueno, a no ser que cambien por completo y se adapten a los requerimientos de los autores, se entiende.
        Además, se acusa a la Constitución de contener tres trampas: Las mayorías para las reformas (91); el Tribunal Constitucional, que no debe ejercer control previo (95) y el binominal (92). Es notable que se considere tramposo el mantener instituciones o buscar acuerdos a través de mayorías más amplias (¿serían menos democráticas que las mayorías menos amplias?), el contar con juristas que contrapesen la actividad de políticos que no necesariamente lo son y, finalmente, que se llame bastardo a un sistema que durante 23 años ha premiado a las mayorías (de nuevo, un gran ³pecado democrático², aparentemente).
      Entonces, concluyen los autores, el malestar de los chilenos es por la institucionalidad y está plenamente justificado (68), ya que esas instituciones fueron diseñadas para impedir la representación (74) y fueron diseñadas para neutralizar (77). Significativo resulta que, en tiempos de encuestas, los autores no reconozcan que para esa gente en estado de malestar, ninguna de esas tres cuestiones ocupa ni de lejos sus prioridades.
        En una próxima oportunidad nos referiremos a los antecedentes que invocan los autores para explicar esta supuesta privatización y maldad de las instituciones y, por cierto hablaremos de las fantasiosas y contradictorias soluciones que proponen.

Gonzalo Rojas Sánchez