Allende y una nueva Constitución - Columna sobre la UP-12

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        Cuando el 21 de mayo de 1973 Allende leía su tercer mensaje, en su voluntad ya estaba consolidado un proyecto de revolución que, aunque respaldado sólo por una minoría del país, se abría paso desde el Gobierno, contra toda legítima y mayoritaria oposición.
        En esa oportunidad,  el mandatario afirmó que "la decisión del Gobierno de lograr que el Estado sirva a los trabajadores y a la gran mayoría del país y cumpla sus funciones, se ve poderosamente contrarrestada por la rigidez de nuestra estructura legal y administrativa."
        Como en tantas oportunidades anteriores, Allende ratificaba con esas palabras su posición mental: no era ni se sentía el presidente de todos los chilenos, sino de aquellos definidos por la ideología como trabajadores, es decir, los adherentes a los partidos de la UP. El reduccionismo mental era obvio: no todo el que trabaja es trabajador, sino sólo quien lo hace con sus manos; no todo el que trabaja con sus manos es trabajador, sino sólo el que vota por la UP.
        Y seguía el mandatario: "El dinamismo de un proceso revolucionario libera energías reprimidas, hiere intereses dominantes, genera fenómenos sociales nuevos que pueden ser guiables y que el Gobierno se ha esforzado en controlar", para los cual concluía, "se necesita un régimen institucional flexible."
        Dos cosas muy interesantes de este párrafo:
        Primero, la liberación de energías. Ya se sabe cómo se hacía esa liberación: inyectando el odio y la envidia, la voluntad agresiva y el actuar violento. Eran las energías de la guerra civil.
        Segundo, el carácter flexible de la nueva institucionalidad propuesta. Flexibilidad, por cierto, deseada para poder hacer con las normas lo que fuese conveniente al proyecto marxista, sin respeto alguno por su sentido y alcance. Un Derecho al servicio de la revolución, no de la persona y del bien común. Así lo entendía Eduardo Novoa Monreal
        Por eso, Allende anunciaba que el Gobierno había elaborado un anteproyecto de Nueva Constitución, el que sería sometido a una amplísima discusión nacional antes de su envío al Congreso.
        ¿Sus bases?
        Democratización del aparato judicial, es decir control político de la Judicatura; ampliación de los derechos y deberes, entre ellos "la obligación de trabajar de acuerdo con la propia capacidad", eufemismo notable para establecer la segmentación en tareas determinadas por el Estado; democratización de la administración territorial, agregando al municipio organizaciones para que el pueblo asuma directamente la gestión de sus asuntos, es decir elevación al rango constitucional de las JAP, los Comités de vigilancia y los Comités de control de la ENU, todos manejados por los partidos de la UP; democratización de la seguridad social, es decir pensiones con independencia del empleo y de la renta personales, con total desincentivo del ahorro individual.
        Concluía Allende: "Así es como el Gobierno define su posición frente a quienes buscan la quiebra del sistema democrático." O seaŠ quebrándolo.

Gonzalo Rojas Sánchez
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