Comienza a ejercerse el Derecho de Rebelión

Lo hemos dicho muchas veces. Los militares, el Once de septiembre de 1973, terminaron lo que los civiles comenzamos.

Uno de los hitos más importantes en la tarea de enfrentar la ilegitimidad de ejercicio del gobierno de Allende fue el Acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973.

¿Cómo se gestó el Acuerdo?

Probablemente redactado por el  jurista Enrique Ortúzar y entregado al PN, lo revisaron los parlamentarios de la DC. Claudio Orrego padre afirmaba que después de analizar dicho documento, le "pareció que contenía mucho material que estaba muy bien hecho... Una vez terminado el trabajoŠ lo transmití al senador Aylwin para que lo aprobara la Directiva del PDC; este procedió a redactar nuevamente las conclusiones, en la forma en que fueron definitivamente aprobadas por la Cámara; el mismo día 22 de agosto, en la mañana, revisamos el texto definitivo con Patricio Aylwin."

¿Y qué dice el Acuerdo?

Comienza con una advertencia cargada de significado: "Un gobierno que se arrogue derechos que el pueblo no le ha otorgado incurre en sedición". También le recuerda al Presidente Allende que fue elegido por el Congreso Pleno, "previo acuerdo en torno a un Estatuto de garantías democráticas incorporado a la Constitución Política".

Incluye después veinte acusaciones de violaciones a la Constitución y a las leyes: amparar grupos armados, torturar, detener personas ilegalmente, amordazar la prensa, manipular la educación, limitar la posibilidad de salir del país, confiscar la propiedad privada, formar organismos sediciosos, y violar las atribuciones del Poder Judicial, el Congreso y la Contraloría.

En concreto se afirmaba que  "el actual Gobierno de la República, desde sus inicios, se ido empeñado en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitarioŠ" y que "el Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República."

Además, se le recordaba a los ministros militares que su "presencia en el Gobierno no puede prestarse para que cubran con su aval determinada política partidista y minoritaria, sino que debe encaminarse a restablecer las condiciones de pleno imperio de la Constitución y las leyes y de convivencia democrática."

Terminaba el texto advirtiéndole en sus acuerdos a las Fuerzas Armadas que "les corresponde poner inmediato término a todas las situacionesŠ que infringen la Constitución y las leyes, con el fin de encausar la acción gubernativa por las vías del derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos."

El viernes 24, el Presidente Allende daba su respuesta en una declaración pública: "En el día de anteayer, los diputados de oposición han exhortado formalmente a las Fuerzas Armadas y Carabineros a que adopten una posición deliberante frente al Ejecutivo... Pedir a las Fuerzas Armadas y Carabineros que lleven a cabo funciones de gobierno al margen de la autoridad y dirección política del Presidente de la República es promover el golpe de Estado."

Efectivamente, se había puesto en marcha el Derecho de Rebelión

Gonzalo Rojas Sánchez