Los mineros arremeten - Columna sobre la UP-10

        El 10 de mayo el Gobierno extendió el Estado de emergencia a la provincia de O'Higgins (ya lo había declarado para Santiago el 5 del mismo mes), después de un choque en Rancagua entre mineros y carabineros, enfrentamiento que arrojó más de 120 heridos.
        Esta vez   -a diferencia de la decisión tomada para la capital, basada en un supuesto complot de Patria y Libertad-   el motivo resultaba descorazonador para un gobierno que creía ser "de los trabajadores" y, además, justo pocos días después de la celebración del Día del Trabajo. Los mineros de El Teniente comenzaban su cuarta semana de huelga, alegando que no habían recibido el 41% de aumento en sus salarios acordado en 1972, ya que el Gobierno se los había computado en el 100% del reajuste general otorgado para paliar la inflación. De los 13 mil trabajadores que habían iniciado la huelga, a la cuarta semana aún permanecían fuera de sus trabajos 7 mil quinientos, fundamentalmente el personal técnico y profesional.
        Junto al Estado de emergencia  -que estaba destinado, afirmaba el Gobierno, a garantizar la libertad de trabajo de los mineros que quisieran reintegrarse-   la administración allendista ofreció un bono equivalente a seis semanas de trabajo, lo que fue rechazado por los trabajadores.
        Gonzalo Vial ha hecho notar que los mineros del cobre eran "un gremio muy fuerte, muy rico, en el sentido de tener muy buena remuneración, muy numeroso, muy bien organizado, (que) llegó a tener instituciones  -sindicatos y confederación-  con rango constitucional" y que entre 1952 y 1973 "aumentaron su número en un 50% y su remuneración real en un 95%", mientras que el promedio de los chilenos en el mismo período "aumentaba su remuneración real en un 30% porque no tenían el poder de presión de los obreros de la Gran Minería del Cobre."
        Por eso, no le resultó difícil al gobierno acusar de fascistas a los organizadores de la huelga, en especial cuando supo que en Chuquicamata se aprobaba un paro de 48 horas, en solidaridad con El Teniente. Este último, afirmaba el periódico gobiernista Noticias de Última Hora, obedecía a la estrategia pre-golpista del PN y del PDC, ya que un paro nacional del cobre  sería "la pieza clave de la conspiración contra el gobierno".
        Pocas semanas después, a comienzos de junio, los embarques de cobre fueron suspendidos, hasta finales de ese mes. La provincia de O'Higgins continuaba en estado de sitio, un minero había muerto y los ministros del Trabajo, Luis Figueroa y de Minería, Sergio Bitar, habían perdido sus cargos a raíz de las acusaciones constitucionales iniciadas en la Cámara y que habían prosperado en el Senado.
        Pero la crisis de los mineros recién comenzaba. Para el gobierno de Allende resultaba casi incomprensible porqué miles de trabajadores podían estar en su contra. La dialéctica del marxismo no podía explicarlo.

Gonzalo Rojas Sánchez