Los ministros pagan sus culpas - Columna sobre la UP-14
Posted by Blogger on 10:26 AM
Perdimos el Gobierno por "los errores cometidos". Así suelen
referirse los políticos de izquierda a sus comportamientos durante la
Unidad Popular, y en referencia al Once de septiembre.
¿Errores? Algunas conductas pueden calificarse así, pero eso no las exime de malicia. Otras, la mayoría, simplemente fueron horrores pensados, ejecutados y defendidos con plena conciencia revolucionaria.
Y no fue el Pronunciamiento de septiembre el momento de comenzar a exigir esas responsabilidades, porque ya mucho antes, en concreto en la primera semana de junio de 1973, tres ministros tuvieron que enfrentar diversas situaciones en que se les exigía responder por medidas conscientemente asumidas. De errores, nada.
Primero fue Aníbal Palma, el Secretario general de gobierno, cuyo arresto fue ordenado por la Corte de Apelaciones a raíz de prevaricación y desacato. Palma había ordenado clausurar radio Agricultura por supuestas emisiones alarmistas y por informar sobre los graves incidentes acaecidos entre mineros y carabineros en Rancagua. La radio obviamente apeló y la medida fue judicialmente levantada, pero Palma subió hasta la Suprema. El más alto tribunal designó un ministro en visita, quien determinó que Palma debía ir a prisión por los cargos mencionados. Salió bajo fianza, pero el Comité político de la UP estimó que el comportamiento judicial había hecho perder "toda legitimidad y autoridad moral a la Corte Suprema", transformándola "en una trinchera más de la derechaŠ en otro bastión de la reacción." Y agregaron que "ante el pueblo el compañero Palma ha sido absuelto y aplaudido por su acción y lo que comienza hoy es el juicio popular a la Corte Suprema."
En paralelo, el 6 de junio, fue aprobada en la Cámara de Diputados la acusación constitucional contra los ministros Luis Figueroa y Sergio Bitar, de Minería y Trabajo, respectivamente, por no haber cumplido con los debidos reajustes salariales que la ley otorgaba a los mineros de El Teniente. La acusación fue presentada por la DC y apoyada por los Nacionales. El 74-0 con que se la aprobó en la cámara baja se explica por la ausencia de los diputados gobiernistas, aunque antes de abandonar el recinto, y encabezados por el comunista Alejandro Rojas, habían agredido a varios parlamentarios opositores, originándose una gresca que implicó a más de 60 legisladores.
Casi tres semanas después, el Senado destituyo a ambos ministros -el cuarto y quinto en ser acusados durante el gobierno de Allende- mediante una votación 26-0, esta vez sin que ni siquiera participaran del debate los senadores de la UP.
Las instituciones funcionaban, por ahora, para exigir las responsabilidades de los colaboradores de Allende, sin que se pudiera llegar a implicar directamente al Presidente, por razones de quórum en el Senado.
Gonzalo Rojas Sánchez
¿Errores? Algunas conductas pueden calificarse así, pero eso no las exime de malicia. Otras, la mayoría, simplemente fueron horrores pensados, ejecutados y defendidos con plena conciencia revolucionaria.
Y no fue el Pronunciamiento de septiembre el momento de comenzar a exigir esas responsabilidades, porque ya mucho antes, en concreto en la primera semana de junio de 1973, tres ministros tuvieron que enfrentar diversas situaciones en que se les exigía responder por medidas conscientemente asumidas. De errores, nada.
Primero fue Aníbal Palma, el Secretario general de gobierno, cuyo arresto fue ordenado por la Corte de Apelaciones a raíz de prevaricación y desacato. Palma había ordenado clausurar radio Agricultura por supuestas emisiones alarmistas y por informar sobre los graves incidentes acaecidos entre mineros y carabineros en Rancagua. La radio obviamente apeló y la medida fue judicialmente levantada, pero Palma subió hasta la Suprema. El más alto tribunal designó un ministro en visita, quien determinó que Palma debía ir a prisión por los cargos mencionados. Salió bajo fianza, pero el Comité político de la UP estimó que el comportamiento judicial había hecho perder "toda legitimidad y autoridad moral a la Corte Suprema", transformándola "en una trinchera más de la derechaŠ en otro bastión de la reacción." Y agregaron que "ante el pueblo el compañero Palma ha sido absuelto y aplaudido por su acción y lo que comienza hoy es el juicio popular a la Corte Suprema."
En paralelo, el 6 de junio, fue aprobada en la Cámara de Diputados la acusación constitucional contra los ministros Luis Figueroa y Sergio Bitar, de Minería y Trabajo, respectivamente, por no haber cumplido con los debidos reajustes salariales que la ley otorgaba a los mineros de El Teniente. La acusación fue presentada por la DC y apoyada por los Nacionales. El 74-0 con que se la aprobó en la cámara baja se explica por la ausencia de los diputados gobiernistas, aunque antes de abandonar el recinto, y encabezados por el comunista Alejandro Rojas, habían agredido a varios parlamentarios opositores, originándose una gresca que implicó a más de 60 legisladores.
Casi tres semanas después, el Senado destituyo a ambos ministros -el cuarto y quinto en ser acusados durante el gobierno de Allende- mediante una votación 26-0, esta vez sin que ni siquiera participaran del debate los senadores de la UP.
Las instituciones funcionaban, por ahora, para exigir las responsabilidades de los colaboradores de Allende, sin que se pudiera llegar a implicar directamente al Presidente, por razones de quórum en el Senado.
Gonzalo Rojas Sánchez
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