Agosto, encrucijada para las FFAA - Columna sobre la UP-23
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Una de los motivos por los cuales Mario Góngora tiene razón cuando afirma que en Chile, en los meses finales de la UP, había "una guerra civil todavía no armada, pero catastrófica", es la presencia creciente de los militares en las acciones y en las noticias.
Cuando un grupo de civiles pretende imponer su proyecto ideológico apoyándolo en la violencia, a las Fuerzas Armadas, dueñas del monopolio de las armas, sólo les caben tres actitudes: apoyar esa maniobra, dividirse frente a esa política, o rechazarla.
Entre el 7 y el 9 de agosto de 1973, las fuerzas de la izquierda intentaron por todos los medios lo primero, pero aceptando la posibilidad de lo segundo como una opción incluso conveniente. Mas por su pésima lectura del escenario, terminaron provocando lo tercero.
Allende encabezó la maniobra para subir de nuevo a los militares al gabinete. El 9 de agosto nombró a los tres comandantes en jefe y al general director de carabineros en cargos ministeriales. Les encargó restablecer el orden político y económico de Chile, reconociendo tácitamente la destrucción que su gobierno le había causado a nuestras instituciones. Lo llamó gabinete de Seguridad nacional y, mostrando su verdadera intención, le adjudicó la tarea de defender a Chile del fascismo y prevenir la separación entre el pueblo, el gobierno y las Fuerzas Armadas. En otras palabras: señores uniformados, vengan para acá, antes de que se me vayan para allá.
Lo paradojal es que dos días antes, las mismas fuerzas marxistas habían mostrado sus verdaderas intenciones con las Fuerzas Armadas: castración e infiltración.
En efecto, el PS y la CUT presionaron a Allende para que diera de baja a dos oficiales después de un allanamiento en Punta Arenas en busca de armas, autorizado ciertamente por la ley respectiva, y en el cual murió un trabajador que se negó a detenerse cuando fue conminado por los uniformados. Castración.
Y el mismo 7 de agosto, la Armada dio cuenta de las primeras investigaciones que le permitían afirmar con certeza que se había intentado sublevar personal de dos unidades de guerra: veintidós personas habían sido arrestadas, pertenecientes a grupos extremistas extraños a la institución, los mismos que llamaban a la desobediencia en las FFAA. El MIR y el PS venían haciéndolo reiterada y públicamente. Infiltración.
Colocadas en estas situaciones, las instituciones de la Defensa Nacional y de Orden ¿podían esperar mucho tiempo más para elegir corporativamente uno de los tres caminos descritos?
Gonzalo Rojas Sánchez
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