El estado privatizado - Columna modélica 6

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        Continuamos el análisis de El Otro Modelo,  a pocos días de la definición presidencial, recordando que el conocimiento de las líneas matrices de este libro resulta imprescindible para imaginar  las coordenadas de un eventual gobierno de la Concertación más el PC.
        En su segunda parte, el texto se centra en lo que los autores llaman El Régimen de lo público. ¿Cómo explicar su necesidad?
        Proponiendo un cambio completo de terminología  -lo que implicará ciertamente una mutación radical en los aterrizajes prácticos-    asumen que el Estado no debe ser el garante o gestor del bien común, sino el representante del ³interés general² (126).
        Hoy, estiman los autores, el Estado privatizado   -ponen el ejemplo en concreto del Ministerio de Educación, al que consideran ³un individuo privado² (132)-  enfrenta sus relaciones con los solicitantes de autorizaciones varias suponiendo que ³no hay un interés distinto del interés del solicitante² (129) y por eso, insisten, el Estado no se preocupa realmente de quienes lo necesitan. Lo que subyace a esta mirada de los autores es que los solicitantes son siempre unos individualistas egoístas y hoy el Ministerio un erróneo servidor negligente de esos intereses. Jamás consideran al solicitante como un tercero al que hay que servir, sino como un apitutado ante el que hoy se inclina el Estado privatizado (133).
        Una señal clara de esa concepción es la queja de Atria y sus adláteres respecto de los plazos o condiciones que existen para que el Estado emita ciertas resoluciones (135). Ciertamente, eso les incomoda.  Olvidan así que la tarea estatal debe ser ejercida con la probidad del servicio público, es decir, que su obligación es servir, no molestar.
        Pero si el Estado realmente es hoy un agente privado (134), ¿porqué no está en competencia con otros? ¿Porqué no es factible eludir sus reglas para contratar con quién más le convenga a cada particular?
        Lo que subyace a esa supuesta privatización, sostienen los autores, es que el Estado chileno desde el Presidente Pinochet ha querido tener una tarea mínima, rechazando toda función mayor (138). Pero, ¿no experimentan acaso los chilenos hoy justamente lo contrario, es decir, señales de una creciente y a veces avasallante entrada del Estado en todos los ámbitos de la vida?
        Más al fondo todavía, los autores revelan una falsa concepción de la relación entre dos principios básicos. Afirman que si no hay igualdad no hay libertad: cuando no es igual para todos, la libertad no es libertad, es privilegio, nos dicen (139). Eso es falso por completo. Si fuera posible igualar por un instante todas las opciones, se produciría en el momento siguiente la desigualdad de resultados, justamente como fruto de la libertad. ¿Habría que eliminar esos resultados para volver a fojas cero a cada instante como homenaje a la igualdad?
        Quizás sea ésta justamente la tarea que le corresponda al Estado en el Modelo que los autores nos proponen.
        En la columna final de la semana próxima, mostraremos qué régimen de lo público quieren para Chile.

Gonzalo Rojas Sánchez
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